El proyecto de reducción de jornada laboral presentado por el senador frenteamplista Daniel Caggiani es otro más de los que tendrán que esperar al 2024 para ser tratados. Mientras tanto, hay tiempo para seguir reflexionando. Por esto, CRÓNICAS dialogó con Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), y Alberto Baroffio, abogado del estudio Ferrere Abogados y especialista en temas contenciosos laborales y de seguridad social.
El tema se discute hace tiempo, pero recién en mayo de este año fue instalado en la agenda pública, cuando en el acto del PIT-CNT por el Día del Trabajador, Marcelo Abdala expresó que “la ley de ocho horas está vieja» en el contexto tanto europeo como latinoamericano, y que “la bandera del movimiento obrero será la de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario». Tres meses después, Daniel Caggiani, senador frenteamplista por el sector del Movimiento de Participación Popular (MPP), presentó a la bancada de su partido un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera progresiva, reduciendo dos horas por año.
El debate continuó mediáticamente, y tuvo un papel protagónico en las negociaciones del Consejo de Salarios. La última instancia de debate se dio el 14 de diciembre en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores, donde tanto la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) como la Cámara de Comercio, se mostraron en desacuerdo con el proyecto frenteamplista. Los principales argumentos en contra, fueron en torno a la afectación en la “competitividad” y posibles “rigideces” en la negociación colectiva. Gabriel Murara, vicepresidente de la CIU, expresó que el proyecto propone una reducción de la jornada generalizada a todas las empresas y sectores, y consideró que “va a ser muy difícil de aplicar para algunos sectores”, y es difícil medir las consecuencias que podría tener. El gerente jurídico Diego Yarza, representó a la Cámara de Comercio y expuso que el proyecto “es contradictorio” en algunos puntos que “rigidizan” la negociación colectiva: “Por un lado hay una queja con respecto a la normativa de hace 100 años, y por otro, fija un orden público que no permite siquiera un pacto contrario o que, entre las partes, empleador y trabajadores, se pueda apuntar a otra cosa”.
Aggiornarse al siglo XXI
CRÓNICAS consultó a Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), que participó en el apartado “Una regulación laboral para el siglo XXI” para la agenda “Un salto al desarrollo” del CED. Desde su perspectiva, “la propia realidad impone la necesidad de una regulación”, por los cambios tecnológicos imperantes que se han dado en el presente siglo en cuanto a las formas de trabajo. Uno de los aspectos a mejorar según Umpiérrez, es el sistema de negociación colectiva. El economista aseguró que Uruguay “debe transitar hacia un esquema más descentralizado”, con “menor injerencia del gobierno”, donde se tengan en cuenta “las especificidades y particularidades a nivel de empresa”, como el tamaño, localización geográfica, acceso al crédito, exposición a la competencia internacional, entre otras.
Agregó que las categorías laborales “son muy rígidas” y “muchas veces están obsoletas”, lo que afecta la movilidad de funciones de los trabajadores. Por esto, piensa que “debería priorizarse un régimen de competencias requeridas para realizar determinado tipo de tarea”, con el foco en ocupaciones en vez de subsectores de actividad. Umpiérrez también reparó en los descuelgues, que están habilitados por la legislación vigente, pero “en la práctica casi no se llevan a cabo”, por lo que hay una necesidad de esclarecer el mecanismo por medio de “indicadores objetivos”. A su vez, mencionó el fortalecimiento de la información en la órbita del Consejo Superior tripartito, por medio de “una institucionalidad u organismo que incorpore de forma rigurosa los datos la información de todos los convenios aceptados por todas las partes”, que también generen “indicadores representativos, sobre todo de productividad”.
Lo más favorable
Alberto Baroffio, abogado del estudio Ferrere Abogados y especialista en temas contenciosos laborales y de seguridad social, conversó con CRÓNICAS sobre la propuesta. Según «el principio protector del derecho del trabajo», la nueva normativa “no debería establecer en la globalidad, un resultado menos favorable para los empleados”. Para Baroffio, las propuestas deberían ir por “los procesos de mejora continua”, en donde se pueda innovar en la distribución de los descansos y la frecuencia de trabajo, manteniendo un equilibrio con la productividad y respetando los derechos ya adquiridos de los trabajadores: “Uruguay tiene una normativa muy vieja, hay que ir por una flexibilidad que permita en determinados momentos tener una mayor productividad, y en otros momentos, mayor tiempo libre. Por ejemplo, tendría lógica que, en las épocas no zafrales para un sector, existan más horas libres”, expresó el abogado. También agregó que “lo ideal sería que esto se pueda analizar a nivel de empresas” y no tanto por sector de actividad. Esto implicaría una legislación que “permitiese que cada empresa pueda negociar con su sindicato”.
Voluntad política
Para Baroffio, si uno revisa la historia uruguaya encuentra que “siempre hubo diálogo social”, por lo que el país “se debe esta discusión”, y “perfectamente podría trabajar en esto”. La clave para que las mesas de negociación den resultado es que “se considere la totalidad de los intereses” de las partes. Esto es tiempo libre, flexibilidad y productividad: “Si uno habla sólo de flexibilidad, el sindicato no quiere. Si uno habla sólo de reducción de horas de trabajo, las cámaras no quieren. Hay que verlo desde el punto de vista conjunto. El tema es que hay veces que las etiquetas tienen un montón de connotaciones ideológicas atrás que nublan la mesa más fructífera y genera de primera el rechazo de la contraparte”, opinó. Umpiérrez opinó sobre esto, que “como todo proceso de cambio, van a haber argumentos a favor y argumentos en contra”, aunque cree que en el fondo, “hay visiones más cercanas que opuestas entre los actores empresariales, sindicales y de gobierno”, aunque parecen más distantes para el afuera. “En el medio está Uruguay y los ciudadanos trabajadores. Creo que en el próximo quinquenio sería bueno que de todas las partes se diera un profundo proceso de acercamiento, introduciendo cambios en el área colectiva vinculados más al siglo XXI que al siglo pasado”, puntualizó el economista.
