Por Pablo Mieres (*) | @Pablo_Mieres
Si no acordamos un conjunto de nuevas reglas de juego que den garantías de transparencia a los ciudadanos, la crisis de confianza en la política no podrá revertirse.
Nuestro país se ha caracterizado por contar con un sistema de partidos sólido con una significativa capacidad de representación ciudadana. Durante años nos hemos destacado a nivel de la región y del mundo. Las mediciones de la opinión pública han registrado en Uruguay durante décadas, tasas elevadas de apoyo a la democracia y de confianza en los partidos.
Sin embargo, en los últimos tiempos las cosas han cambiado. En efecto, las mediciones más recientes muestran un deterioro de la confianza en los partidos políticos, en los políticos y en el Parlamento que es el lugar institucional de representación más amplia de la política.
El Latinobarómetro que mide el apoyo a la democracia indica que en 2017 el 70% de los uruguayos apoya al sistema democrático. Sin embargo, la tendencia ha sido a la reducción, aunque seguimos estando a la vanguardia en la región.
La confianza en los partidos, por el contrario, se ubica tan solo en el 25%, el Parlamento en el 34% y el gobierno en el 39%. Todas cifras muy modestas que son representativas del mencionado malestar.
Las luces amarillas se han encendido y merecen que quienes estamos en la lucha política como protagonistas activos, atendamos con seriedad y responsabilidad estas señales de alerta.
El malestar ciudadano con los políticos tiene, a nuestro juicio, múltiples causas.
En primer lugar, la ausencia de respuesta efectiva a problemas muy relevantes que afectan la vida cotidiana de los uruguayos, puede ser uno de los factores del deterioro en el apoyo a los políticos.
En efecto, la inseguridad se ha transformado en un problema endémico, que se ha ido agravando de manera permanente con el transcurrir del tiempo, alcanzando niveles de inusitada gravedad. A su vez, en los últimos tiempos también se registran señales de deterioro en el funcionamiento de la economía, cuyas dos principales dificultades tienen relación con la pérdida de competitividad del aparato productivo uruguayo, el aumento del desempleo y la pérdida de puestos de trabajo.
O sea que la gente percibe que los problemas principales que afectan su vida cotidiana no son resueltos por quienes están a cargo de la conducción del país. No es casual que el gobierno obtenga bajos niveles de apoyo desde hace ya un tiempo extenso. La satisfacción de los ciudadanos con el desempeño gubernamental es reducida, y la mayoría de los uruguayos se siente insatisfecha.
De modo que un primer factor de crisis de la confianza está directamente vinculado con la gestión gubernamental y su incapacidad de responder a los principales problemas de la gente.
En segundo lugar, existe disconformidad con aspectos relacionados con la transparencia y la ética en la gestión pública, así como con lo que la gente entiende como un exceso en los gastos políticos.
En efecto, en un país donde la presión tributaria y las tarifas públicas se han vuelto muy pesadas para empresas y hogares, donde además se ve un incremento constante del gasto público con muy bajos niveles de eficacia y con malos resultados en los servicios que se ofrecen, el malestar, la crítica y el desagrado de los ciudadanos aumenta inevitablemente.
Sin duda que la existencia de escándalos en la gestión de instituciones como Ancap, ASSE o el Fondes, o los gastos de las tarjetas corporativas y viáticos, la multiplicación de los cargos de confianza y las irregularidades detectadas en la gestión de algunos gobiernos departamentales, han tenido un fuerte impacto en la evaluación de los ciudadanos sobre los políticos.
Estos casos han determinado graves pérdidas de recursos públicos que podrían haberse dirigido a mejorar los problemas existentes en materia de educación, seguridad, o para reducir la carga y el peso del Estado, que afectan la producción y el empleo.
O sea que una segunda causa del malestar tiene que ver con la magnitud e ineficiencia del gasto público y político que carga sobre las espaldas ciudadanas.
Ambas causas tienen un mismo origen, la decepción y el fracaso de la gestión del partido de gobierno. Es decir que la expectativa, el apoyo e, incluso, el entusiasmo que el Frente Amplio generó en importantes sectores de la ciudadanía, se han agotado tanto como la propia gestión de gobierno.
La pregunta inmediata es: ¿Por qué si el fracaso y la frustración refieren al partido de gobierno, el malestar se extiende a todo el sistema político y a todos los partidos?
Porque, aunque sea injusto para muchos de los que actuamos en la vida política, el grave fracaso del Frente Amplio se expande hacia una postura de descarte de todas las alternativas, instalando un preocupante escepticismo que se condensa en las frases: “son todos iguales”, “no se puede confiar en nadie”.
Es que el desencanto con el partido que había generado tantas expectativas, acompañado de promesas de cambio en las formas de conducta política y de ofrecer soluciones a los principales problemas del país, ha afectado a todo el sistema político, porque hay que asumir que ninguno de los partidos que no estamos en el gobierno ha sido capaz, hasta ahora, de recrear la esperanza de una opción que permita apostar con entusiasmo.
En efecto, el gran desafío que tenemos los partidos que no estamos en el gobierno es el de generar confiabilidad, expectativas y que la gente pueda depositar la esperanza de un cambio que implique, además, una garantía de transparencia y ética en la política.
Por eso, es imprescindible impulsar medidas fuertes que se transformen en señales de transparencia en la gestión pública.
Es por ello que hemos planteado en el Parlamento la creación de una Comisión Especial por la Transparencia, y hemos presentado un paquete de medidas dirigidas a generar las condiciones de un mayor control del funcionamiento del Estado y de sus gobernantes, así como de los partidos políticos.
Pretendemos fortalecer significativamente a los organismos de contralor, tanto al Tribunal de Cuentas como a la Junta Anticorrupción.
En el caso del Tribunal de Cuentas, otorgando efecto suspensivo a las observaciones referidas a actos de relevancia patrimonial, de manera tal que los jerarcas públicos no evadan las observaciones –como ocurre hoy en día- por el mero hecho de reiterar el gasto.
En el caso de la Junta Anticorrupción, ampliando sus facultades de investigación y control, estableciendo que podrán investigar las declaraciones juradas de los jerarcas de manera aleatoria para detectar eventuales incrementos patrimoniales inusitados.
Del mismo modo, hemos presentado iniciativas para establecer la obligatoriedad del concurso para los cargos gerenciales en todas las empresas públicas y en la dirección de los Hospitales de ASSE.
También hemos promovido la prohibición de las tarjetas corporativas en el Estado y el control por tarjetas prepagas de los gastos de viáticos de los jerarcas.
Además, planteamos la proporcionalidad del tiempo del subsidio de los jerarcas públicos para que estén en relación al tiempo del ejercicio efectivo en el cargo.
Apoyamos, también, medidas propuestas por otros partidos, tales como una regulación rigurosa de las sociedades anónimas con capital estatal y la creación de la figura delictiva del enriquecimiento ilícito.
Este es el camino ineludible para recuperar la confianza ciudadana. Por supuesto que, además, hay que resolver los problemas pendientes que el país arrastra desde hace tiempo. Pero la recuperación de la confianza requiere también que se produzcan señales efectivas de reducción del gasto político y de control y transparencia en la gestión.
No tenemos dudas de que este será uno de los temas centrales del debate electoral próximo.
(*) Senador del Partido Independiente.
