Benavente considera que aunque el entorno externo estaría tendiendo a normalizarse el contexto interno, con clima electoral y presiones políticas, puede afectar la toma de decisiones y posponer reformas ineludibles. A su vez, establece que algunas de las iniciativas deberían partir de acuerdos multipartidarios y no estén sujetas a presiones de corto plazo.
Si bien la economía uruguaya creció un 1.6% durante el año 2018, acumulando su decimosexto año de crecimiento consecutivo, desde el punto de vista técnico el país se encuentra en recesión al acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Todo esto sin perder en cuenta el contexto regional y que el país afronta un año electoral. ¿Cuáles son los desafíos en materia económica que tiene el Uruguay en ese escenario?
Efectivamente, esta tasa de crecimiento en realidad es bastante menor si se tiene en cuenta el problema de la medición que existe en el sector de Comunicaciones. Resultan asimismo preocupantes las cifras de empleo porque se continúan perdiendo puestos de trabajo y horas trabajadas. Los desafíos en materia económica no son tantos sino profundos: reducir el peso del Estado, abrir la economía mediante nuevos acuerdos comerciales, adecuar la regulación del mercado de trabajo y la educación a los nuevos tiempos.
Aún queda un año para el cambio de gobierno. ¿Qué puede hacer la actual administración para dejar el país en las mejores condiciones posible? ¿O hay que esperar al 2020 para ver, por ejemplo, una reforma del BPS, o cambios en la educación, las empresas públicas, una adecuación de la normativa laboral a los nuevos tiempos, o una regla fiscal, entre otros temas que son vitales para el país?
Un año es mucho tiempo para postergar reformas ineludibles. Resultaría muy saludable que la actual administración dejara como legado alguna de estas reformas en marcha, para que el nuevo gobierno pueda comenzar a trabajar desde bases más sólidas que las actuales. Respecto a las empresas públicas, por ejemplo, se comentó que existía un proyecto de ley oficial que mejoraba su gobierno corporativo, pero no se ha hablado más de ello y debería estar en los primeros lugares de la agenda parlamentaria. Otra medida que podría aplicarse durante este mandato y que repercutiría positivamente en las cuentas públicas de la próxima administración, sería que el aumento de sueldos a los funcionarios públicos, a partir del 1º de enero considerara la reducción prevista de la inflación.
¿Cuáles son las fortalezas que tiene el país para transitar este período?
Su institucionalidad y su reputación internacional.
¿Cuáles son las principales amenazas y de dónde provienen?
El entorno externo estaría tendiendo a normalizarse respecto a la volatilidad exhibida en años anteriores: la probabilidad de una guerra comercial Estados Unidos-China se está reduciendo, las tasas de interés internacionales no tendrán subas significativas, Brasil se encamina hacia reformas estructurales de impacto positivo en sus cuentas públicas. Pero el entorno interno, con clima electoral y presiones políticas, puede afectar algunas decisiones y llevarnos a posponer reformas ineludibles.
¿Qué aspectos hay que corregir para volver a la senda de un crecimiento sólido?
Las reformas señaladas en la primera pregunta deberían partir de acuerdos multipartidarios, a efectos de que se transformen en políticas de Estado y no estén sujetas a presiones de corto plazo.
