El lunes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley contra el lavado de activos que remitió al Parlamento el Poder Ejecutivo a mediados de 2025. El texto contaba con media sanción del Senado pero ahora deberá volver a la cámara alta para tener un debate final y convertirse en ley. 

Entre otros elementos, se planteó un tope de 200.000 unidades indexadas (UI) o el 5% del valor total de la transacción mientras no supere las 450.000 UI para los pagos en efectivo; la oposición bloqueó la supresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos; se incluyó a los sindicatos al catálogo de sujetos obligados no financieros; las operaciones con activos virtuales pasaron a estar dentro de las que requieren debida diligencia y se le denegaron potestades adicionales a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) vinculadas a retirar documentación en respaldos informáticos.

“Es un proyecto que actualiza la normativa existente pero que no cambia radicalmente el tema de la persecución del lavado de activos”, dijo a CRÓNICAS el diputado por Montevideo del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. “Hay artículos que están correctos, que tienen que ver con los delitos precedentes al lavado de activos que se agregan, y otros artículos que realmente, a nuestro juicio, si hubieran prosperado generaban bastante daño”, acotó en relación a lo bloqueado. Específicamente sobre la propuesta que incorporaba nuevas atribuciones a la Senaclaft, la oposición presentó una alternativa para que se pudiera realizar con previa autorización judicial y, como ninguno fue aprobado, “esa potestad quedó por el camino”. 

Respecto a la eliminación de la fiscalía especializada, indicó que no lo acompañaron debido a que “se creó hace dos años, ha tratado temas muy complejos, como por ejemplo el de Conexión Ganadera, ha tenido poca apoyatura en cuanto a recursos humanos y es necesario un tiempo más prudencial para poder evaluar”, sostuvo. A título personal, el legislador opinó que “es importante” porque “la justicia ha ido hacia la especialización por materia” y es necesario corroborar “cómo funciona de cara al futuro, obviamente acompañándola de recursos humanos y profesionales”. 

Durante el tratamiento del proyecto de ley hubo un “desencuentro” con el Partido Nacional (PN) porque el PC reconsideró y votó positivamente el artículo 17, donde estaban las “medidas de diligencia simplificada” y contenía incisos agregados por la ley de urgente consideración (LUC). El argumento fue que, en base a un informe de la Senaclaft, “si no se modificaba la redacción de este artículo Uruguay podría ser pasible de algunas sanciones a nivel internacional”. 

La decisión, sin embargo, suscitó malestar entre legisladores blancos y se solicitó “de manera equivocada” aplazar nuevamente la discusión para conformar una comisión investigadora por la adquisición de la estancia María Dolores en Florida a través del Instituto Nacional de Colonización (INC). “Uno ya lleva algunos años en la Cámara y no había visto una situación parecida a la que se vivió. Más allá de eso, creo que hay que dar vuelta la página y concentrarnos en los temas que tenemos por delante”, acotó. 

Prioridades parlamentarias

Rodríguez valoró que una prioridad en la actuación parlamentaria del PC estará en “impulsar varios proyectos de ley”. En particular, se refirió al que está vinculado a la reducción de los valores en las multas de tránsito por exceso de velocidad, algo “que viene reclamando la gente” y presentó en conjunto con sus homólogos Sebastián Andújar (PN) y el cabildante Álvaro Perrone.

“Fuimos muy claros en que la aplicación severa de multas no ha logrado el objetivo de bajar la siniestralidad. Desde el año 2023, cuando se ha aplicado el nuevo sistema de multas, todos los números de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) demuestran que los números de siniestros, de fallecimientos y de heridos han subido”, consignó sobre un elemento que debería funcionar como “disparador para poder discutir una racionalización distinta de las sanciones”. 

En materia de seguridad, aunque no detalló proyectos de ley, cuestionó que “el gobierno ha querido sacarle el foco al tema seguridad ahondando sobre todo en el tema Cardama como si fuera el único tema que tiene el país”. “Lamentablemente, han venido dándose homicidios, incluso situaciones con menores de edad, que son realmente de mucha alarma pública que se tienen que tratar con otro grado de fuerza y que el tema esté realmente en la agenda”, sostuvo.