Las cuentas globales son aquellas en que los intermediarios agrupan fondos o valores de distintos clientes, quienes mantienen la propiedad de sus activos, con el objetivo de acceder a mejores condiciones debido al aumento del volumen transaccional. La reforma regulatoria define estas cuentas y establece reglas y controles claros y expresos para su uso, con foco en reducir riesgos operativos que impacten en el inversor, más allá de que este mantiene la potestad de decidir el nivel de riesgo sustantivo que elige asumir con su inversión.

Entre los principales cambios comunicados por el BCU, se menciona un refuerzo en las restricciones, ya que no se podrán generar saldos negativos por cliente ni utilizar activos de un cliente para cubrir obligaciones propias o de terceros. Además, si las cuentas globales se abren en instituciones financieras del exterior, deberá tratarse de instituciones reguladas y supervisadas. También habrá exigencias adicionales en situaciones de mayor complejidad o riesgo, como la operativa de personas vinculadas al intermediario, fijándose requisitos específicos para las cuentas destinadas a operativa con margen o exigencia de garantías, que se deben mantener segregadas de las demás cuentas globales.

Los cambios también incluyen una mejora en la información al inversor. Los intermediarios deberán explicar claramente cómo funcionan estas cuentas, sus riesgos y contar con el consentimiento previo e informado de sus clientes. Asimismo, los estados de cuenta deberán enviarse mensualmente e incluir más información. La auditoría externa incorporará los procedimientos y la revisión de esta operativa.

Por último, se refuerza el marco de supervisión estableciendo sanciones específicas ante incumplimientos.​

Al igual que otros cambios anunciados recientemente, esta actualización de la normativa recoge aportes de la industria surgidos del proceso de consulta pública y se enmarca en los objetivos estratégicos del BCU de responder a los desafíos que plantea la transformación de los mercados, mediante un marco regulatorio moderno y ajustado de forma continua a la evolución del sistema financiero y que contribuya a un mercado de valores basado en los principios de transparencia y confianza.