La medida consiste en una quita parcial de la exoneración del Imesi para determinados vehículos eléctricos y la estimación de recaudación, de US$ 16 millones, surge de la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas.
El gerente de ACAU, Ignacio Paz, afirmó que el sector era consciente de que los beneficios tributarios no serían permanentes, aunque entendía que el momento elegido para aplicar el cambio no es el adecuado, ya que el mercado aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.
“Estábamos convencidos de que iba a ser mucho más adelante, en un mercado mucho más avanzado, mucho más maduro”, expresó en diálogo con CRÓNICAS. En ese sentido, recordó que incluso la ministra de Industria, Fernanda Cardona, había reconocido que el parque de vehículos eléctricos en Uruguay aún era reducido.
“La propia ministra dijo que el parque circulante de vehículos eléctricos es ínfimo. Es difícil pensar que haya una maduración en un mercado donde tan solo entre el 2% y el 3% del parque circulante es eléctrico”, indicó.
Uno de los principales cuestionamientos de ACAU apunta al universo de vehículos alcanzados por la medida. Paz señaló que durante las primeras reuniones mantenidas con el MEF se manejó la posibilidad de aplicar el impuesto únicamente a los vehículos de alta gama. “Todos tenemos una noción de lo que es un vehículo de alta gama; lo asociamos a marcas de lujo o a valores cercanos a los US$ 60.000. Sin embargo, acá se están gravando vehículos que tendrán un precio de venta al público en el entorno de los US$ 28.000”.
El gerente explicó que los vehículos comprendidos entre aproximadamente US$ 28.000 y US$ 40.000 tributarán una tasa de Imesi del 5%, mientras que los de mayor valor abonarán una tasa del 9%. A eso, agregó que se suma el efecto que genera el IVA aplicado sobre el propio Imesi y el aumento de la patente, calculada sobre el precio final del vehículo”. “En Uruguay funciona el impuesto sobre el impuesto. Eso tiene una repercusión mayor y también termina impactando en la patente”, remarcó.
Cambio de rumbo
A juicio de Paz, este conjunto de medidas implica un cambio en la estrategia que Uruguay venía desarrollando para promover la movilidad eléctrica. “Ya se tomaron cinco medidas que claramente hacen un cambio de rumbo en lo que era una política de Estado sólida, firme, previsible y sostenible. Marca un cambio de política energética y también de política ambiental, que es la que sostuvo el desarrollo de la movilidad eléctrica”, afirmó.
Respecto al impacto comercial, el entrevistado estimó que las ventas de vehículos eléctricos continuarán creciendo, aunque a un ritmo inferior al observado en los últimos años. Según explicó, el mayor precio de algunos modelos podría llevar a muchos compradores a optar por vehículos de menor valor para evitar quedar alcanzados por el Imesi. “No se va a dejar de vender eléctricos, no van a dejar de seguir creciendo (las ventas), pero entiendo que el rango de crecimiento va a ser inferior”, puntualizó.
Agregó que “quien pensaba comprar un vehículo con más prestaciones, más seguridad o mayor equipamiento, probablemente termine optando por un segmento inferior para evitar quedar alcanzado por el impuesto, porque el precio es un factor determinante en la decisión de compra”.
“Un fin recaudatorio”
Consultado sobre si entiende que la decisión responde a un objetivo recaudatorio, Paz recordó que ACAU tuvo varias reuniones con el MEF y presentó alternativas para alcanzar mayores niveles de recaudación sin afectar el desarrollo del mercado. “Nosotros propusimos alternativas, inclusive superadoras en lo recaudatorio, pero no fueron tomadas en cuenta”, declaró.
En ese sentido, sostuvo que la decisión responde a necesidades fiscales. “Los principales actores del gobierno dicen que el fin es recaudatorio para solventar el déficit que genera la Rendición de Cuentas de este año”, aseveró.
Finalmente, respecto al impacto en las inversiones, Paz señaló que el cambio en las reglas de juego generó preocupación en algunas empresas del sector. “Escuché comentarios de que frente a este cambio de reglas y a la incertidumbre que genera, algunas empresas comenzaron a replantearse inversiones o analizar otras alternativas. Después, corresponde a cada compañía pronunciarse sobre esas decisiones”, concluyó.